La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner, estará a punto de sufrir otro juicio de carácter oral si prospera la petición de la UIF, Unidad de Información financiera de esa nación sureña, la cual ha solicitado la elevación tal acción penal, a fin de que aclare su situación con el supuesto lavado de dinero hecho a través de alquileres falsos de plazas hoteleras a la familia presidencial de ese entonces.

El conocido caso Hotesur, además de la Expresidenta, tiene en proceso de acusación a varios implicados como es el caso de Lázaro Báez, su hijo Martín; Romina Mercado sobrina de la expresidenta y el empresario Osvaldo Sanfelice, mientras que el contador Víctor Manzanares ya está tras las rejas.

La causa iniciada en noviembre de 2014, luego de la denuncia de la parlamentaria sureña Margarita Stolbizer, quien señaló en ese entonces en una acusación pública y comunicacional que la ex mandataria argentina  realizó una serie de operaciones inmobiliarias, referidos a alquileres de hoteles de la familia presidencial, con los cual pretendía Cristina Kirchner justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

Según la acusación fiscal, está irregularidad  se llevó a cabo de manera ininterrumpida por 13 años desde el 2003 hasta el 2016, y la misma se destinó para cometer múltiples delitos y apoderarse de manera ilegítima y deliberada de los fondos públicos.

Por estas razones y otras por las cuales siendo juzgada la ex mandataria de Argentina, es que las autoridades de ese país que regentan el organismo antilavado de divisas, Mariano Federici y María Eugenia Talerico es que han solicitado  al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público.

La demanda es amplia en toda sus partes

Para ello han preparado un extenso escrito, de 200 páginas foliadas, mediante el  cual sostienen que en el caso Hotesur ha quedado en evidencia la asociación ilícita por intermedio de la cual se apoderaron  de manera indebida de los fondos públicos.

Por otro lado esboza el escrito que esta actividad al margen de la ley, sirvió para el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformará el desapoderamiento del dinero público para fines particulares, afectando el patrimonio económico y financiero de la nación.