Por Alberto López Girondo

Alcira Daroqui tiene un extenso curriculum como para hablar largo sobre violencia y criminalidad infanto-juvenil, a poco de que el Gobierno echara atrás la reforma del Código Penal. En lo teórico, es socióloga, investigadora en el Instituto Gino Germani, y docente en la Universidad de Buenos Aires y Lomas de Zamora y escribió varios libros sobre el tema. En lo práctico, acredita experiencia en un Tribunal de Menores de Quilmes, también como responsable  por la Facultad de Ciencias Sociales del Convenio de Cooperación con la Procuración Penitenciaria y en el Observatorio sobre demandas espontáneas de intervención a los Tribunales de menores y respuestas institucionales en la Provincia de Buenos Aires, entre otros. Por eso tienen mayor impacto sus palabras cuando dice que aumentar la edad de imputabilidad, como pretendía el proyecto del gobierno, podría acarrear mayor peligro para los chicos si no se toman otros resguardos. “Los expondríamos a cualquier tipo de represalias”, alerta.
 
Pareciera que el proyecto de reforma cayó porque comenzaba el juicio por el crimen de Axel Blumberg.
Entre otras cosas.

¿Cuáles serian esas otras cosas?
Hay que ser claros, Blumberg es el operador visible que toman los medios, pero esto es una fuerte orientación de sectores políticos aliados con ciertos medios de comunicación y con ciertos sectores de la sociedad civil. Todas las leyes que se llamaron “ley Blumberg” equivocadamente, eran proyecto de los Ruckauf, de los Casanova, de una fuerte corriente que responde a intereses de la sociedad civil. La reforma de la que estamos hablando es algo no sólo necesario sino que a largo plazo se va a producir, porque además de darle una coherencia al código actual, se están presentando muchas dificultades en la práctica judicial con este desfasaje con los montos de las penas y las tipificaciones de los delitos que se produjo en los últimos años. Pero en este caso me parece que hubo una expectativa absolutamente dislocada. Pensar que se presentaba este proyecto y se iba a votar antes de que entrara en campaña Kirchner es un error, porque eso no pasó en ningún lado del mundo cada vez que hubo una reforma tan integral y abarcativa del Código Penal. Porque, insisto, estamos definiendo los criterios punitivos del Estado. Ocurrió que ciertos medios vinculados a lo que podemos llamar el “afianzamiento del Estado penal” empezaron a decir “esto sale ya”. Entonces lo salieron a combatir esos mismos sectores y otros de la sociedad civil. El anuncio no provino de los sectores ligados a la comisión que estudiaba el tema, creo que fueron los otros que salieron a decir “esto sale” para combatirlo. Con una fuerte dramatización de algunos hechos delictivos en esos días.

No fue una casualidad.
De ninguna manera, por un lado lograron reinstalar el dolor de las víctimas, por el otro lado poner en evidencia aún más el tema de la violencia en los delitos de los que podemos ser víctimas todos, y la tercer pata tuvo que ver con atacar algunos puntos de esa reforma del código en la cual quedaron sin demasiados argumentos aún los sectores progresistas que lo impulsaron.

¿Cuáles son esos puntos?
Dos temas absolutamente irritativos como el aborto y la suba de la edad de imputabilidad de 16 a 18 años. Dos temas muy irritativos en la sociedad, porque se trató de vincular a los delitos más violentos con los hechos que cometen los más jóvenes, cosa que no es cierto. No hay estadísticas que prueben esta relación, pero en el imaginario y en los medios hay una fuerte impronta sobre estos temas. Y esto puede obturar el debate más amplio.

¿Considera que fue impolítico presentarlo ahora?
Es correcto presentarlo como una discusión de máxima, pero también hay que elaborar estrategias. No hay que abandonar esos temas, pero no debe ponerse en el mismo paquete con la coherencia del Código Penal, que es algo también urgente de resolver.

¿La baja en la edad de imputabilidad conviene dejarla entonces?
El de la edad de la inimputabilidad es especialmente un tema irritativo. Porque hay sectores progresistas que en cierto modo cedieron en que no habría problema en bajar la edad de imputabilidad y de pronto aparece esto que dice “la subimos”. Lo que hay que instalar sí es la necesidad de modificar el Código, de redefinir los criterios punitivos, después discutamos qué cosa vamos a cambiar. Y en bien de eso posiblemente convenga postergar, no dejar de lado, ciertos temas. Porque el problema no son los Blumberg ni los medios que construyen un discurso, sino que la sociedad civil en general todavía sigue creyendo y apostando a “mayor castigo mayor venganza”, y esto es un problema serio. Porque nosotros salimos a decir “no se equivoquen, el aumento de penas no trae la solución al problema del delito” y falta que un día nos terminen respondiendo “ya lo sabemos, lo que queremos es venganza, lo que queremos es castigo”. De lo que se trata es de preguntarle no solo a este gobierno sino al que sea, hasta dónde esta dispuesto a castigar el Estado.

Uno de los argumentos para bajar la edad es que si los menores no son punibles los mayores los utilizan para cometer delitos.
Sí, pero eso tampoco puede ser tan fundamentado porque desde la última reforma legislativa, cuando los mayores participan en delitos con menores la punición es más grave, o sea que ni siquiera ahora es negocio para los mayores. De todas maneras eso tampoco era cierto. Yo trabajo hace dieciocho años en un Juzgado de Menores, estoy en Departamento Judicial de Quilmes, donde hay mucha densidad de población, mucha densidad de delito, y los hechos de menores con mayores siempre fueron contados. Esto no resulta tan habitual, a los mayores que están en el delito no les es tan sencillo meterse con menores por el solo hecho de que corren riesgos con los chicos; por la imprudencia, por la inexperiencia, así que no es tan común. Y a veces ese mito era… “no, porque un mayor utilizó a un menor” y el mayor tenía 18 años y el menor 17, en definitiva eran amigos del barrio que se fueron a robar juntos y ninguno de los dos se puso a pensar “che, ¿qué edad tenés vos?”.

¿Cuál sería el objetivo de esos sectores que quieren la baja entonces?
El objetivo es ampliar los sectores de control y además utilizar esos sectores de control supuestamente sobre el delito para hacer otros controles en la población que no están vinculados al delito. Porque desde el punto de vista estadístico no hay fundamentos que sostengan la baja de la edad de imputabilidad. Es más, desde el año 2000 la categoría que tienen para vincular edad y delito es menos de 18 años y más de 18 años. Es decir que vos no sabés si tiene 12, 15.

¿Entonces estaría bien aumentar la edad de imputabilidad en lugar de bajarla?
A ver… decirlo así significaría decir nada, porque ¿qué se haría con los pibes menores de 18 que cometieron delitos? Si se me dice que en estos programas existe otra serie de reformas pare ver cómo nos hacemos cargo de esos chicos, cosa que no sé; si hay además una política de inclusión social hacia el sector al que esos chicos pertenecen, para reducir su condición de vulnerabilidad, yo te diría que está bien que la subamos. Pero si eso no está, el riesgo es que aparezcan otras formas de eliminación.

¿Tipo escuadrones de la muerte?
Claro, hay una sensación de “impunidad”, entre comillas, una sensación de ponerse a pensar a qué cosa los dejamos librados. ¿Cómo los habríamos de proteger a ellos frente a las fuerzas de seguridad, frente a una comunidad enardecida, frente a qué cosas los dejaríamos librados? Siempre he estado a favor de que se penalice lo menos posible y a la menor cantidad de gente posible, es mi lema de trabajo y de pensamiento, pero cuidado, porque siguiendo a muchos de estos sectores progresistas que consideran que eso sería una medida protectora los podríamos dejar librados a un no sabemos a qué.

No parece algo tan fácil de resolver.
No es algo que pueda tener una solución técnica, todos estamos de acuerdo en reducir el dolor y la penalidad, pero mientras tanto qué hacemos.

Publicado en Acción n. 960

Fotografía de Néstor Grassi.