Por Oscar Taffetani

En el sitio oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (www.ba.gov.ar) hay un mapa interactivo que permite ubicar domicilios determinados, aportando el nombre de la calle y la altura correspondiente.

Según el mapa, junto a la intersección de las calles Chonino y Cavia, en Palermo. hay espacios verdes. Uno puede imaginar bosques. O jardines. Una amable geografía, en una amable ciudad.

La realidad es otra: desde hace diez años existe en esa zona de Palermo, entre los rieles de los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano, una pequeña villa miseria conocida como Asentamiento Chonino. Allí, a duras penas, sobreviven 30 familias.

Eso de que sobreviven tampoco es muy cierto. No hace mucho, un tren que salió de la nada, en una vía que parecía inhabilitada, acabó con una familia completa. También hubo, en los últimos años, varias muertes por tuberculosis.

En estos días la ONABE, organismo nacional que administra terrenos y propiedades ferroviarias, ha intimado judicialmente a las familias del asentamiento y a las autoridades municipales, a efectuar el desalojo del predio.

(Así de piadosa y sensible es la ONABE. Así de piadoso y sensible es el Estado nacional cuando se trata de defender los intereses de las privatizadas, de los contratistas y los concesionarios).

El gobierno municipal del ingeniero Macri, solícito a la hora de erradicar, desalojar y liberar espacios de alto valor inmobiliario, estudia la opción de dar a los erradicables el subsidio previsto en el decreto 690 ($ 450 por mes durante 10 meses, y nada más) o bien firmar un convenio especial y pagar a los erradicados una suma fija, en una sola cuota, tal como ocurrió en el asentamiento Nueva Esperanza -también llamado Villa Pinedo- del barrio de Barracas.

Cemento y aridez

La última vez que pasamos por Villa Pinedo, pudimos entrevistar a Rubén, un joven tornero industrial, desocupado, que en pocos años había llegado a ser líder del asentamiento y referente del proyecto comunitario para mejorar la situación de 68 familias que habían encontrado en un terraplén ferroviario de Barracas la esquiva tierra donde levantar su casa.

En Villa Pinedo vivían, entre otros, el indio Daniel (a quien le habían diagnosticado tuberculosis), un remisero uruguayo llamado Horacio (proveniente de un primer desalojo, en la zona del Centro) y dos hermanas llegadas del Perú, enfermeras ambas, que se ocupaban de que los chicos del asentamiento estuvieran vacunados, aumentaran de peso y sortearan las amenazas tan comunes que se ciernen sobre los hijos de la pobreza.

Aconsejados por un viejo militante del Grupo de Reflexión Rural, algunos habitantes de Villa Pinedo habían hecho en el patio de sus viviendas una huerta orgánica, con forma de terraza escalonada. Allí crecían plantines y hortalizas, para consumo familiar. También habían resuelto el problema del agua potable, que debía traerse en bidones desde una playa de cargas del Ferrocarril Roca.

Los últimos carnavales, bajo el alero del kiosco de Rubén y sobre la avenida Pinedo misma, al anochecer, hubo candombe uruguayo, murga al estilo de Barracas; y cerveza y cantos y risas.

En la precariedad, como un musgo creciendo entre las piedras, la vida se abría camino. La vida insistía en vivir.

Este último viernes de septiembre pasamos por el terraplén ferroviario donde estaba el asentamiento Villa Pinedo, alguna vez llamado Nueva Esperanza. No quedaba una sola de las casillas. Ya no había más “terraza escalonada”. No más “vida precaria”. No más “emergencia habitacional”.

Lo que sí vimos fue una árida rampa de cemento, y un muro en construcción. Lo que sí vimos fue una cabina de vigilancia, instalada entre las vías y el terraplén. Vigilancia de la frontera entre la “civilización” y la “barbarie”, entre la ciudad privatizada y excluyente y la ciudad pública, la ciudad de todos, empobrecida y caotizada.

Leyes con letra muerta

Los vecinos del Asentamiento Chomino tienen un proyecto. Ellos quieren trasladarse a un barrio. Quieren construirse viviendas dignas, no lejos de los sitios en donde trabajan y se ganan la vida.

A esa demanda, el Estado le contesta que no. Le contesta que no puede ser.

Lo que sí puede (o quiere) hacer el Estado, es pagar un subsidio, un subsidio que se escurrirá como el agua por los desagües, sin resolver el problema.

Gastada la plata del subsidio, los desamparados volverán a quinchar sus refugios en alguna grieta o rincón en sombras de la ciudad. Hasta que lleguen el oficial de justicia, la policía, las patotas, los narcos, un nuevo subsidio… y un nuevo desalojo.

“La política de subsidios es cortoplacista y no resuelve los problemas”, nos dice con convicción Silvina Penella, jefa del área de Derechos Sociales en la Defensoría del Pueblo porteña.

Penella, como funcionaria del Ombudsman, puede actuar, puede interponer recursos y demandar, hasta que se tropieza con el acuerdo firmado y con el consentimiento de los mismos desalojados, ya cansados de luchar y encandilados por la breve luz de una indemnización.

En Villa Pinedo, precaria, estaba la vida. En el terraplén de la avenida Pinedo, actualmente, sólo se ve cemento y aridez.

La ONABE ha iniciado juicio para desalojar a cien familias en la Villa 15 de Mataderos. Otro tanto hace con el Asentamiento Chonino, en Palermo.

El Gobierno de la Ciudad, sin contar las villas y asentamientos, ya ha concretado 253 desalojos en edificios ocupados por familias sin vivienda. Y en lo que queda del año se propone concretar otros 157, que involucran a unas 1.700 familias.

La vivienda digna es un derecho consagrado por la Constitución Nacional, tanto como el trabajo digno, tanto como la salud y la educación. Pero eso es letra muerta. Allí también, en la Constitución, alguna vez estuvo la vida.

Lo que subsiste, lo que se afirma y crece, es esta ciudad de los ingenieros. Esta ciudad del turismo y el boom inmobiliario. La receta es simple: comprar barato (a los pobres); vender caro (al Estado); ¡y a volar!

Declaró William Verity, Secretario de Comercio de los EEUU, al pasar por Buenos Aires en 1988: “El espacio es sólo un lugar para hacer negocios”. Futuros funcionarios argentinos lo escuchaban, como alumnos atentos.

No nos vengan después a decir que las pesadillas urbanas no tienen responsables.

Fotografía: C. Nahuel Baglietto

Fuentes de datos: Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodolfo Livingston, “Arquitectura y autoritarismo”. De la Flor, 1990 y diario Clarín, 15/9/08.

Modificado : Septiembre 29th, 2008
Archivado en : anotadores
Navegar : Anterior / Siguiente