Me parece primordial en este caso es diferenciar dos conceptos que no pueden ser igualados jamás: una cosa es una ocupación de un espacio público transitorio (que puede implicar un corte del tráfico también transitorio) para hacer oír una protesta sectorial y otra muy diferente es realizar un acto de bloqueo coordinado, específico y planificado de materias esenciales cuyos resultados se saben de antemano producirán graves daños sociales y que por ello actúan con sentido extorsivo. Negar el conocimiento de las consecuencias de esos actos de bloqueo múltiple, deliberado y calificado contra el estado de derecho es una ingenuidad inaceptable como esgrimir que se tiró nafta sobre unos metales calientes pero sin la intención de encender el fuego. El dolo social e institucional eventual de tal medida de alzamiento y bloqueo está claramente demostrado.

Decir que el espacio no es una abstracción y que los derechos pueden colisionar es habilitar el golpismo corporativo. Los más poderosos podrían ejercer actos de sedición contra el estado de derecho como todo el tipo de bloqueos que se les ocurra. Hoy es el turno del bloqueo de la llegada de alimentos a los centros urbanos, mañana puede ser el bloqueo de ingresos o egresos a puertos de mercancías vitales, y toda la gama que de coacciones que les ocurra a cualquier sector corporativo poseedor de elementos esenciales con los que intimidar a la sociedad. Por ejemplo, ¿que sucedería ante un bloqueo del suministro de combustibles realizado por la conjunción de las grandes petroleras con las cámaras de estaciones de servicio? ¿Nos pondríamos a discutir si el conflicto le pertenece a las pequeñas estaciones o los grandes petroleros mientras la falta de combustible desestabiliza el orden institucional?

El bloqueo de suministros esenciales por tiempo indeterminado sin considerar la posibilidad de diálogo no es una mera ocupación del espacio público, sino un acto de coacción y agresión al orden social y al estado de derecho. Tolerar, justificar y avalar los bloqueos es esencialmente habilitarle una nueva vía al golpismo. Decretar la imposibilidad del estado de reprimir cualquier bloqueo que atente contra la estabilidad de las instituciones es una trampa estúpida, casi una tentación al suicidio de las instituciones democráticas, es rifar le poder legítimo emanado del voto popular al mejor postor.
Suponer que porque en algún momento no se reprimió una protesta gremial que cortó una ruta durante un pequeño lapso se debe permanecer inmóvil ante cualquier tipo de extorsión corporativa escenificada en el espacio público es un error cuyas consecuencias son de imprevisible gravedad.

Luego agrega “hay que rechazar la idea de que si el que se moviliza no es un pobre o una víctima del terrorismo de Estado, su activismo carece de legitimidad”. Pero obviamente que si, pero lo que se trata es de diferenciar cuando el activismo se convierte en golpismo, es imposible esa igualación ingenua e idealista de cualquier acto alzado por la semejanzas de su escenificación geográfica.