Amnistía Internacional ha acusado hoy al sistema de justicia penal del norte de Uganda de ignorar, negar y consentir tácitamente la violencia contra las mujeres y las niñas y de protege a los presuntos agresores.

La organización ha publicado un informe en el que detalla casos individuales de abuso sexual contra mujeres y niñas en el norte de Uganda.

“La completa falta de justicia a la que se enfrentan las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual exige la atención inmediata del gobierno ugandés y de la comunidad internacional” afirma Godfrey Odongo, investigador de Amnistía Internacional en Kampala.

“La inmensa mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no se denuncian a la policía porque casi todas las víctimas han perdido la esperanza de obtener justicia en alguna medida”.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó cinco distritos del norte de Uganda –Gulu, Amuru, Kitgum, Pader y Lira– y habló con decenas de mujeres y niñas y con sus familiares acerca de la discriminación que habían sufrido al intentar acceder a la justicia, y sobre la tradición de impunidad que rodea los casos de agresión, violación, violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres.

Las formas de violencia contra las mujeres documentadas por el equipo de investigación de Amnistía Internacional incluyen agresiones, violaciones y abusos sexuales a menores, sobre todo en los campos para personas internamente desplazadas, en los que sigue viviendo la mayoría de la población del norte de Uganda.

“Las violentas atrocidades perpetradas a lo largo de tantos años de conflicto en el norte de Uganda siguen contribuyendo en la actualidad a la discriminación de las mujeres y las niñas en la zona –manifiesta Odongo–. Para empeorar las cosas, el sistema de justicia operativo en el norte de Uganda es manifiestamente insuficiente para garantizar la protección de estas mujeres y niñas, y con bastante frecuencia permite que los culpables queden sin castigo”.

Las víctimas contaron a Amnistía Internacional que, entre la diversidad de autores de violaciones de derechos humanos, hay fuerzas gubernamentales, agentes encargados de hacer cumplir la ley, autoridades y jefes de consejos locales, así como cónyuges y familiares.

La policía es reacia a investigar los casos relacionados con soldados del ejército, mientras que la legislación ugandesa no reconoce la violación conyugal como delito, sobre todo debido a la presunción de que el consentimiento al acto sexual va implícito en el acto de contraer matrimonio.

La ONG internacional denuncia la insuficiencia de los servicios de policía complica el problema. Con frecuencia faltan agentes de policía a quienes denunciar los casos, ya que en el norte de Uganda hay pocas comisarías y están muy distantes entre sí.

Además, los policías exigen dinero tanto para investigar los casos como para detener y trasladar a sospechosos. También es frecuente que se pida a las víctimas que corran con los gastos de alimentación de los agentes de policía durante la investigación o del sospechoso durante su custodia, entre otros.

Publicado por Afrol News, el 30 de noviembre de 2007.

Modificado : Enero 21st, 2008
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