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El destino de una institución

Por Hugo Vezzetti

La crisis que hoy estalla en la BN debe ser puesta en perspectiva para evitar una consideración superficial o desviada de un problema de extrema gravedad. Lo que centralmente debe ser sometido a la deliberación pública es el destino de una institución fundamental de la cultura y la inteligencia que ha caído, no ahora sino en los últimos quince años, en un pozo oscuro de ineficiencia y desprestigio. La gestión de Elvio Vitali se inauguró hace dos años con un proyecto de reforma y recuperación de las funciones básicas de la Biblioteca: preservar, organizar y gestionar el acervo bibliográfico nacional, registrar y conservar la producción editorial, ampliar el patrimonio, coordinar un sistema de bibliotecas, crear dispositivos diversos (que hoy son digitales) que favorezcan el conocimiento y empleo de esa base documental por un amplio conjunto de lectores y, particularmente, por los investigadores.

Hoy sale a luz, por la renuncia de Horacio Tarcus y su detallado informe de gestión (que merece ser leído y difundido), un cuadro muy preciso de los problemas y los obstáculos, algo que no se había hecho público hasta ahora y que aporta las bases para una discusión seria. El diagnóstico inicial mostraba una gravísima emergencia en la institución en materia de inventarios, control del ingreso y resguardo del material, depósitos, etc. Además, el escaso poder de las sucesivas direcciones se ha correspondido con el desmedido papel de los grupos sindicales que sustituyen de facto a los marcos formales del poder en la institución. Con el término “modernizar” se sintetizaban en verdad una serie de objetivos que no sólo buscaban los cambios técnicos y acrecentar el papel de los especialistas, sino romper con los abusos, el clientelismo y las corruptelas. La transparencia, el control de gestión, el saneamiento administrativo, la calificación del personal, los concursos públicos, la incorporación de bibliotecarios y especialistas en informática fueron planteados como los pasos necesarios, sólo posibles con la decisión de una dirección dispuesta a enfrentar las resistencias de los beneficiarios de las rutinas y los privilegios establecidos.

Cuando se trata a la ligera la cuestión de la informatización integral (que serviría para mejorar la eficiencia en el servicio y garantizar un mejor control administrativo), o peor aún, se le opone una defensa enfática de las “tradiciones” de la vieja Biblioteca, en verdad se reniega de aquel diagnóstico y de la voluntad de reforma y recuperación que lo animaba. Tarcus denuncia que esa situación crítica sigue vigente, pese a los incrementos muy sustanciales del presupuesto. La Biblioteca en lo que se refiere a su funcionamiento real no ha mejorado en la medida de lo esperable, aunque pueda ostentar una extendida actividad como centro de actividades culturales y de edición, que son las actividades que parecen interesar más a su director. Ese diagnóstico coincide con la experiencia de muchos de los usuarios de la BN; una justificada preocupación por el destino de la entidad se expresó en una carta que recogió 300 firmas en dos días, pese al receso del verano, y que los medios dieron a conocer muy fragmentariamente.

El secretario de Cultura, José Nun, confirma hoy que cuando tuvo que reemplazar a Vitali, quien renunció para asumir como legislador, pensó que Tarcus era la persona más capacitada para asegurar una continuidad y que fue Vitali quien lo convenció de que González “había aprendido muchísimo”. (La Nación, 30/12/06). Confirma también lo que Tarcus deja sentado en su renuncia: hubo un “acta de compromiso” que establecía una división de funciones entre la dirección y la subdirección. Las tareas bibliotecológicas quedarían a cargo de la subdirección. González no puede desconocer, entonces, que asumió condicionado por ese reparto de responsabilidades. Hubo quienes anticiparon entonces, a partir de su gestión previa en la Biblioteca, que no iba a cumplir ese acuerdo: a fines de 2005 renunciaron la directora de Atención al Usuario y el Consejo de Bibliotecarias en pleno. De modo que las dudas sobre el funcionario (hoy lamentablemente confirmadas y acrecentadas) fueron planteadas no por sus contradictores sino por quien lo puso en el cargo y respaldadas por los especialistas que venían trabajando con él. La división de funciones, que hoy rechaza con el argumento pueril de que la BN es “una e indivisa” (Página/12, 31/12/06), no ha surgido de algún propósito oscuro o de una conspiración facciosa, sino que estuvo entre las condiciones que aceptó para asumir el cargo. Esa primera reacción de González acumula calificativos denigratorios sobre el renunciante y sus intenciones: “Pensamiento lineal, con temas de izquierda pero con resultados reales de derecha”, “infantil lenguaje de un capitalismo tecnocrático”, “cientificismo”, “espíritu de mercería”, “mesianismo de cuño gerencial”, “arrebato de soberbia que no mide consecuencias ni se atiene a responsabilidades asumidas”. El tema es justamente el de las responsabilidades de los funcionarios: sería importante que se haga pública el “Acta de compromiso”, ahora rechazada por el director, para determinar los incumplimientos respectivos. La segunda respuesta (Clarín, 9/1/07) es aun más sorprendente: discurre libremente, como un visitante ajeno al cargo que ostenta y a la institución, sobre la filosofía y la ética del libro, los intelectuales, la tecnología y la modernización y otras cuestiones.

Lo que brilla por su ausencia es alguna respuesta concreta al grave cuadro de situación planteado en el Informe y la renuncia. Tarcus ha dado un ejemplo de ética pública dando a conocer, por primera vez en muchos años, un diagnóstico fundado; expone no sólo críticas sino un extenso programa estratégico para la BN. Lo esperable de los funcionarios estatales responsables, el director de la Biblioteca y el secretario de Cultura de quien depende, es una respuesta que esté a la altura de la seriedad de esa exposición.

Este artículo apareció en el diario Página/12 el 14 de enero de 2007.

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