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Discutir la Biblioteca Nacional es discutir qué cultura y qué Estado queremos

Por Horacio Tarcus

Las desconsideradas “Consideraciones” que mi carta de renuncia a la Biblioteca Nacional le mereciera al Dr. Horacio González –publicadas por Página/12 el pasado 31 de diciembre– poco aportan, cuando no oscurecen, el necesario, imprescindible, urgente debate público que reclama nuestra querida y vapuleada institución. El Director ha escogido el camino, que no transitaré, de la invectiva personal. Pero como en su afán por descalificarme se ha visto obligado a recorrer una serie de tópicos –la administración pública, los trabajadores y el poder sindical, la biblioteca y los lectores, las tradiciones intelectuales, la tecnología y la cultura–, quiero aprovechar la oportunidad para revisitarlos buscando elevar el nivel y estimular ese debate.

En primer lugar, llama la atención que el Director de la Biblioteca Nacional no desmienta el grave cuadro de situación denunciado, sino que se refiera pudorosamente al mismo en términos de “males conocidos”. Para el Dr. González, enunciar públicamente dichos “males” significa “denigrar” a la institución que los padece. Y dicho ejercicio crítico, afirma, sería incompatible con la pertenencia a la conducción de la misma. Estaríamos ante una situación por demás paradójica, por la cual el profesor y escritor González abogaría por el pensamiento crítico frente a las instituciones mientras el funcionario González aconsejaría disimular los “males” institucionales, escondiendo la tierra debajo de la alfombra. Muy por el contrario, creo que hacer público un diagnóstico crítico de una institución es la mejor manera de asumir un compromiso serio para mejorarla. Y dado que los “males” no son personales sino estructurales, institucionales, señalarlos no significa –como socarronamente quiere hacerme aparecer el Sr. Director– “denigrar” a personas concretas (cada empleado estatal a título individual) sino visibilizar y cuestionar los poderes que manejan los hilos invisibles pero efectivos de la administración pública.

En declaraciones al diario Clarín aparecidas ayer, el Sr. Director alude oblicuamente a las presiones sindicales, señalando que “pertenecen a la composición misma de la administración pública del país” (Clarín, 3/1/2007, p. 32). Con ambigüedad estudiada, dicho enunciado admite por parte del lector crítico de la burocracia sindical una interpretación negativa de su poder, mientras que habilita otra lectura que legitima a dicha burocracia, otorgándole una “pertenencia” anclada en una de esas tradiciones nacionales que tanto embriagan al Señor Director. Más de medio siglo de ejercicio de poder burocrático terminan por legitimar ciertos derechos adquiridos sobre las instituciones del Estado y sobre los trabajadores que el Dr. González, sin duda en nombre de una antigua lealtad, está dispuesto a reconocer y resguardar.

No son los trabajadores, sino el modo en que los “defiende” cierto sindicalismo, lo que obtura la institución y afecta los servicios de atención a los lectores. Como sucedió el 17 de octubre de 2006, en que la atención al público de la Biblioteca Nacional cayó cuando el gremio hegemónico condujo a buena parte del personal a la quinta de San Vicente. Y como se repitió al día siguiente, el 18 de octubre, cuando dicho gremio declaró asueto por San Perón sobre el personal de la Biblioteca.

Confieso que pensé dos veces antes de hacer pública esta información, porque seguramente dará pie al Sr. Director y al viejo sindicalismo para ironizar una vez más sobre mi presunto “gorilismo”. Pero prefiero anticiparme a la chicana señalando que por mi parte no tendría la menor objeción si el gobierno o el parlamento nacionales decretaran el feriado nacional en una jornada sentida como histórica por las grandes mayorías. Pero, volviendo a la Biblioteca Nacional, al no encontrarnos en un día festivo ni en el marco de un conflicto laboral, el problema reside en quién toma las decisiones, si los directivos de la institución o los delegados gremiales, sobre temas claves como el cese de actividades y el consiguiente cierre de la atención al público. En declaraciones al diario La Nación aparecidas en el día de ayer, el Dr. González afirma que “la Biblioteca Nacional no admite dos direcciones”. Palabras firmes e incuestionables, que saludamos calurosamente, pero que lamentablemente nunca le escuchamos frente a quienes debería haberlas pronunciado durante todo el año 2006.

Pero volvamos a las labores en curso en la Biblioteca Nacional. Es significativo que el Director sólo tenga para exhibir como pruebas de los cambios aquellas tareas que emprendimos desde la Subdirección y que él mismo resistió o desalentó. Esgrime como estandarte, por ejemplo, el Inventario de Libros. Este programa fue puesto en marcha por el entonces director Elvio Vitali en febrero de 2005 y concluido al amparo de la Subdirección a mediados de 2006. Vitali, asesorado por un cuerpo de bibliotecarios y otro de investigadores, no tardó en llegar a la conclusión de que para realizar un inventario de los libros y folletos que disponía la Biblioteca Nacional era necesario constituir un programa de trabajo capaz de resguardar su autonomía física, administrativa, financiera, informática y laboral. Consiguió para ello el necesario apoyo presupuestario, habilitó un espacio físico en uno de los subsuelos, contrató una veintena de bibliotecarios y un centenar de pasantes universitarios. Durante un año y medio el Programa Inventario trabajó de modo ejemplar, gracias a que la gestión logró preservar su autonomía brindándole todos los insumos y apoyos necesarios, mientras que los bibliotecarios y los pasantes mostraban un extraordinario compromiso con su labor. El resultado fue el primer inventario informatizado de libros y folletos que dispone la Biblioteca Nacional. Desde hace un semestre puede ser consultado por cualquier lector desde la página web desde cualquier punto de país (y del mundo).

Cediendo a las presiones de la burocracia sindical (cuya principal preocupación radicaba en que el Inventario escapaba a su control), Horacio González, primero como Subdirector y luego como Director, lanzó sobre el programa los calificativos de “enclave tecnológico”, “sistema taylorista de trabajo”, “administración paralela”, etc. Su preocupación no se centraba en los derechos de los lectores, y de la ciudadanía en general, para acceder al patrimonio de la Biblioteca Nacional, sino en los supuestos “derechos” vulnerados de los trabajadores de la casa.

En semejante razonamiento subyacen toda una serie de equívocos. En primer lugar, las típicas oposiciones del Sr. Director –derechos de los trabajadores contra derechos de los lectores, técnica versus cultura, pensamiento versus gestión, etc.– resultan francamente improductivas, tanto para el pensamiento como la gestión de una institución con tantos “pliegues”, como él mismo gusta repetir. En segundo lugar, la defensa de los trabajadores reales y concretos no puede confundirse con la defensa de las burocracias interesadas en mantener las rutinas habituales para no poner en riesgo sus cuotas de poder.

El Director alude también a otros inventarios en marcha. En efecto, a partir del verano del 2006 pusimos en marcha programas para inventariar la colección de partituras, la hemeroteca y el archivo de manuscritos (área creada por la Subdirección y por cuyo futuro temo). Para sortear las presiones burocráticas y las críticas del Director, aceptamos formar equipos de trabajo mixtos, integrando la labor experimentada de los pasantes universitarios con la de los bibliotecarios y empleados de la institución que aceptaron sumarse a la labor. Para diciembre de 2006 se había logrado iniciar el inventario de partituras y el de archivo así como proceder al ordenamiento físico de las colecciones de la Hemeroteca. Pero aquí las permanentes intervenciones de facto de la burocracia sindical, que contaron con la invariable legitimación del Sr. Director, tornaron ímproba la continuidad de estas tareas, y esta es razón por la cual presenté mi dimisión. Es una gran ironía que el Dr. González se presente hoy ante la opinión pública como el garante de la continuidad de proyectos que nunca apoyó a cabalidad y que vapuleó a menudo.

Defender a los trabajadores no significa adularlos con una retórica demagógica sino promover su capacitación y su integración en equipos de trabajo eficaces y productivos. Desde mi perspectiva, no hay peor condena para el trabajador que resignarse a una suerte de destino manifiesto de empleado público ocioso, ausentista e improductivo. La crisis del trabajo no es sólo de índole salarial: es también una crisis de sentido. En el caso de la Biblioteca Nacional, de una institución que ha perdido su misión y necesita reencontrarla, el empleado ya no sabe para qué ni para quién trabaja, con qué objetivos ni con qué estándares. En ese contexto, no es casual que en el depósito de libros del segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional los trabajadores del mismo se entretengan con un televisor, mientras los materiales demoran un promedio de 45 minutos en llegar a manos del lector.

Lamento que el Dr. González califique mi reclamo de eficiencia y de productividad laboral en la administración pública como neoliberal o de derechas. Por mi parte, como intelectual de izquierdas defiendo la necesidad de devolver a la sociedad civil una institución capturada como la Biblioteca Nacional, de tornar transparente un organismo opaco, de mostrar por todos los medios disponibles los tesoros que la biblioteca encierra convocando a sus lectores, reales y potenciales, presenciales y virtuales. Ninguna organización del trabajo puede escapar a estas exigencias. Cualquier oposición entre “derechos de los trabajadores” y “derechos de los lectores” es absolutamente incongruente y no hace más que profundizar el dislocamiento de la institución.

El Dr. González reconoce la notable merma de lectores en la Biblioteca Nacional señalada en mi carta de renuncia, pero inscribiéndola dentro de un “fenómeno mundial” más vasto. Esta estrategia de difuminar las responsabilidades de la deficiente atención que se brinda en la institución que dirige en una “crisis general del libro” y una merma de la lectura no soporta el menor análisis. En primer lugar, no todas las bibliotecas pierden lectores: las que han pasado la prueba de la modernización y ofrecen mejores servicios crecen en usuarios y en donantes. En segundo lugar, lo que muchas bibliotecas pierden en lectores presenciales, lo ganan en lectores virtuales. Se reduce el patrimonio consultado en sala de lectura mientras crece el patrimonio ofrecido y consultado a través de la web. La Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos han sido pioneras en los proyectos de biblioteca digital. Ya señalé en mi carta de renuncia que el lugar prominente que corresponde dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a cada Biblioteca Nacional iberoamericana fue ocupado en el caso de nuestro país (en buena hora, desde ya) por la Academia Argentina de Letras.

Es entonces paradójico que el Director de la Biblioteca Nacional señale la caída en el número de lectores y al mismo tiempo encienda tantas alarmas fuente a mi proyecto “tecnocrático” de digitalización, destinado a la preservación de nuestro material y a conquistar nuevos lectores, sobre todo jóvenes. El Dr. González me atribuye la intención de “aceptar con liviandad el proyecto de Google de hacerse cargo de toda bibliografía latinoamericana” (“Consideraciones”, Página/12, 31/12/2006, p. 16). En verdad, yo no hice otra cosa que recibir a un representante de Google cuando este se presentó la Biblioteca Nacional para proponernos un acuerdo de digitalización y lamento que el Director no pudiera acudir a la cita. El representante de Google ofreció entonces a la Biblioteca Nacional de nuestro país un acuerdo semejante al que su empresa estableció con la Biblioteca Pública Nueva York y con las bibliotecas de siete universidades del mundo: la de Stanford, la de California, la de Wisconsin-Michigan y la de Virginia en los Estados Unidos, las de Cambridge y Oxford en Inglaterra y la de la Complutense de Madrid. Por dicho acuerdo Google se comprometió a ofrecer a través de la web aquellos tramos de una obra que cada biblioteca establecía (algunas páginas o la totalidad, conforme las obras estuvieran o no libradas a la consulta pública); por su parte, cada una de estas bibliotecas se beneficiaba con la digitalización de sus colecciones, que entonces podía ofrecer desde su página web. Aunque el Google Library Project suene demasiado inglés a los oídos del Director de la Biblioteca Nacional, permitirá en poco tiempo a cualquier lector que disponga de una conexión a internet el acceso a millones de libros que hasta hoy sólo accedían lectores presenciales, en su gran mayoría estudiantes e investigadores de esas universidades.

Por mi parte, no reconozco los méritos del proyecto Google, como se me achaca, con la menor liviandad. El 22 de noviembre del 2006, en el marco de las Jornadas sobre Derechos de Autor y Libro Digital que se organizaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuve oportunidad de plantear públicamente la cuestión. Sostuve allí que el libro digital y la biblioteca virtual son realidades que se están instalando en todo el mundo. Aunque educados en la cultura humanista del libro impreso, los bibliotecarios, editores, autores y libreros no podemos aferrarnos apocalípticamente al soporte papel que tanto queremos. Sin desconocer los riesgos que entraña toda nueva tecnología que no dominamos, nuestro desafío consiste en desarrollar las potencialidades emancipatorias que también encierran. Sostuve también en dichas Jornadas que las bibliotecas argentinas no pueden permanecer ajenas a los proyectos de digitalización: o bien logramos desarrollar en el marco del Estado nacional un polo propio de digitalización, o bien necesitaremos concertar un acuerdo con una empresa privada como Google. El riesgo de la tecnofobia del Dr. González es que no hagamos ni una cosa ni la otra. Mientras el Director teme, como los primitivos frente a la fotografía, que cada libro que se digitalice pierda su aura, el patrimonio de la Biblioteca Nacional se deteriora y los lectores migran a otras bibliotecas.

La oposición entre tradición y modernización es otro de los estériles dilemas con que el Dr. González ha paralizado la Biblioteca Nacional. Su refugio en las tradiciones de Moreno, de Groussac y Borges no son sino pura mitología y en nada se compadecen con su pensamiento ni con sus prácticas. Paul Groussac fue un gran administrador de la Biblioteca Nacional. Con escaso presupuesto y personal enriqueció con compras sus colecciones de libros, revistas y fondos documentales, actualizó los ficheros, obtuvo del gobierno el edificio histórico de la calle México y fundó la revista La Biblioteca, a través de la cual dio a conocer documentos históricos, escrupulosamente editados, que se atesoraban en su Archivo. Borges, en las antípodas del populismo cultural, nos legó maravillosas metáforas sobre la biblioteca. Vanguardista, no sería de extrañar que el universo de internet lo hubiera estimulado a pensar nuevas paradojas del espacio-tiempo virtual. A diferencia de su actual Director, nunca vivió encerrado en su biblioteca imaginaria, mostrando la sabiduría necesaria para confiar la administración práctica de la Biblioteca Nacional en su Subdirector, José Edmundo Clemente. En fin, respecto del parangón con Mariano Moreno, ojalá corrieran por las venas del Sr. Director aunque más no fueran unas pocas gotas de su sangre jacobina….

Intenté con mi carta de renuncia provocar un debate público porque entendí que el destino de la Biblioteca Nacional no podía quedar atado a las negociaciones entre los grupos de poder que la atenazan y los funcionarios de turno que lo toleran. Sostuve en ella que los empeños de los directivos así como los recursos de la Biblioteca Nacional debían estar en su mayoría encaminados a la realización de un programa de modernización. La Biblioteca Nacional de nuestro país necesita como directivos a personas con competencia acreditada en la gestión bibliotecaria, capaces de brindar respaldo y confianza a un equipo técnico que encare la tan mentada modernización y que no oculte su incapacidad e ignorancia en estos temas dedicando su tiempo a sembrar desconfianza entre los profesionales y a tomar decisiones sin apoyo técnico alguno. Directivos dispuestos a consagrar su tiempo a participar más en reuniones de trabajo que en viajes protocolares y eventos sociales, a garantizar una mayor presencia en los depósitos que en el Auditorio Borges.

Yo he dicho, pues, lo mío. Quisiera ahora dejar la palabra a la comunidad de los lectores, los investigadores, los archivistas, los bibliotecarios y demás trabajadores de las bibliotecas del país, los editores, los intelectuales, los periodistas y los funcionarios de Cultura. Porque la discusión sobre la Biblioteca Nacional excede al ámbito de sus paredes. Discutir la Biblioteca Nacional es también discutir el Estado, el sistema político, las lógicas y dinámicas sociales en sus relaciones con lo estatal, el sindicalismo, la democracia y los derechos ciudadanos (entre otros, los derechos a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas). Ojalá que la ciudadanía tome la palabra para hacer suya, de una vez por todas, su Biblioteca Nacional y sus instituciones. Y ojalá que los funcionarios no se hayan olvidado de la lección que les dio la sociedad en diciembre del 2001.

Villa Gesell, 4 de enero de 2007

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