Por Mempo Giardinelli

La indefensión jurídica a que se ve sometida la ciudadanía no es patrimonio de la Justicia Federal y ha sido señalada más de una vez por esta página. En esa misma línea el diario La Nación ofreció a sus lectores, el domingo 24, un oportuno informe sobre el estado de las cortes en varias provincias, en las que la manipulación política viene haciendo estragos.
Así como aquí mencionamos la situación en el Chaco –donde es obvia la sintonía política del Superior Tribunal con el ejecutivo, mientras el Consejo de la Magistratura funciona como dependencia del mismo–, se conocen también los casos emblemáticos de San Luis y Misiones.
En la primera, Adolfo Rodríguez Saá aumentó en 1989 la composición del STJ de cinco a siete miembros, luego los volvió a cinco, y en 1996 provocó el alejamiento de cuatro de ellos, procedimiento repetido en 2005 por su hermano Alberto al forzar la renuncia de cuatro de los cinco miembros del STJ puntano. En Misiones el gobernador Carlos Rovira buscó asegurarse el control del STJ antes de las elecciones en las que fue derrotado su intento reeleccionista. Y aunque todos pretenden ser casos excepcionales, de hecho son la regla: gobernador que llega, busca “disciplinar” a la justicia provincial.
Desde el restablecimiento de la democracia, y cada vez con mayor desenfado, asistimos a cambios forzados de modo heterodoxo en casi todos los tribunales superiores de las 23 provincias.
 
El modo operativo es siempre el mismo: consiste en aumentar la cantidad de integrantes de los STJ, siguiendo el pésimo ejemplo del menemismo.
Ahí está el caso paradigmático de Formosa, donde en 1989 el gobernador Vicente Joga aumentó de tres a cinco la cantidad de miembros. En 1994 se volvió a tres. Y en 2000 su sucesor, el ultrakirchnerista Gildo Insfrán, volvió a elevar el número de integrantes de tres a cinco.
Algo similar sucedió en Santiago del Estero, provincia que vivió tremendos revuelos políticos y que desde 1989 ha sufrido una media docena de abruptas modificaciones de número y hasta sustituciones completas en el STJ. También pasó en La Rioja, cuya corte sufrió cambios en 1986, 1991 y 2002. E incluso en Santa Cruz, donde en 1995 el entonces gobernador Néstor Kirchner modificó el número de miembros del STJ, que pasó de 3 a 5.
Pero no se crea que es costumbre de peronistas solamente: también los gobiernos radicales de Río Negro aumentaron la composición del STJ (de 3 a 5 miembros, con Osvaldo Alvarez Guerrero) y luego la bajaron a tres en 2000 durante la gestión de Pablo Verani. Ya antes, en la Córdoba radical de Eduardo Angeloz, la reforma constitucional de 1987 agrandó el STJ, y luego en 1995 Ramón Mestre promovió un juicio contra todos los integrantes del cuerpo y logró que cinco de los ocho abandonaran sus cargos.
Esa práctica le fue funcional también a un gobernador de tercera cepa política: Jorge Sobisch en Neuquén, gracias a un discutible sistema de retiros y jubilaciones especiales, logró renovar el STJ completo.
Y ésa es otra vía bastante practicada: ofrecer jubilaciones anticipadas fue el recurso que utilizó en Tierra del Fuego el gobernador menemista Carlos Manfredotti en el año 2000: los tres integrantes del STJ se acogieron a un régimen de jubilación anticipada y obligatoria.
           
La presión política es en muchos casos desembozada y evidente: se trata de inventar cuestionamientos escandalosos contra aquellos magistrados que alguna vez dictaron fallos contrarios a los deseos o intereses del poder político. La intolerancia frente a la independencia de esos magistrados –a quienes se envuelve en procesos absurdos que sólo buscan su destitución– desplazó a la jueza Marta Catella en Misiones, y al fiscal Gustavo Müller y la jueza Cinthia Lotero de Vollman en el Chaco.
Cualquier manipulación parece posible con tal de que las poltronas queden en manos de nuevos jueces “de confianza” de los gobernadores, como sucedió en Misiones y Chaco, a cuyos STJ se incorporaron abogados que antes habían ocupado altos puestos políticos en el ejecutivo provincial.
Es un hecho que la Justicia en la Argentina está mucho más cuestionada que lo que suele admitirse y que en muchas provincias el avance del poder político sobre los tribunales superiores es escandaloso, a la par que los Consejos de la Magistratura también dejan mucho que desear. Así, con los gobernadores ejerciendo presiones nada republicanas, el funcionamiento independiente del Poder Judicial resulta sólo hipotético.
“Es un tema de preocupación permanente”, admitió en la nota de La Nación el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias, Domingo Sesín. Y Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dijo que “desde 1983 a la fecha ha habido una preponderancia de aumentos de cantidad de integrantes en los tribunales destinados a sumar adhesiones y no a mejorar el servicio de justicia”.

Pero además del condicionamiento político-ideológico, en la Argentina la Justicia ha sido cuestionada, históricamente, por su extremada y no siempre inocente lentitud, que hace sentir a la ciudadanía que la demora en la impartición de justicia es en sí misma un castigo. Son muchos los procesados que sufren años de cárcel sin merecerlo, del mismo modo que muchas veces se dejan prescribir arteramente las causas. Y ya se sabe: las demoras siempre garantizan el triunfo de la impunidad, cuyos mecanismos pueden ser, y son, extremadamente perversos.
La práctica de encubrir, en lugar de investigar y esclarecer, resulta un modus operandi característico de casi todos los gobiernos. Eso delata no sólo una conducta sino un estilo. Que afecta gravemente a ese pilar de la convivencia democrática que es la confianza en el sistema y en sus capacidades correctoras y regenerativas.

Pero la impunidad no es una cuestión de solución imposible. El control social, cualquiera sea su índole, depende siempre de una decisión política, pero también depende de nosotros, los ciudadanos, y, en este caso en particular, de los sectores más sanos de la comunidad jurídica argentina, que bien harían en romper sus a veces inexplicables silencios para restablecer en el servicio de Justicia una filosofía democrática basada en la independencia y el interés público como garantías de supervivencia en paz.
Es una enorme tarea, pero para nada imposible. Restaurar una Justicia confiable es una urgencia moral a la vez que política. Y la depuración en tal sentido quizás tenga, en nuestro país, un único camino: replantear el funcionamiento de toda la justicia argentina, en todos los fueros, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, la depuración requiera de una medida extrema, casi quirúrgica: declarar en comisión a todo el sistema, medida ciertamente riesgosa y que ya en 1949 se practicó con resultados discutibles, pero que hoy podría ser el inicio de un cambio profundo y no cosmético en nuestra desprestigiada Justicia.
Desde luego que este texto no sostiene que la totalidad de la Justicia Argentina esté echada a perder, porque es obvio que todavía tenemos tribunales, jueces, fiscales, funcionarios y abogados honorables en esta República. Pero si la esencia del sistema judicial argentino se ha deteriorado de manera insalvable debido a la corrupción, la impunidad, el influyentismo, la chicana jurídica, el amiguismo y el nepotismo, habría por lo menos que considerar que puede no haber otro camino.

Este artículo apareció en la revista Debate #198.

Modificado : Diciembre 29th, 2006
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