Por Mempo Giardinelli

La semana pasada, en el Noroeste de Santiago del Estero, casi en el límite con Tucumán, varias familias campesinas fueron expulsadas de sus tierras, mediante brutales desalojos que incluyeron fuerza policial y topadoras. Arrasaron con ranchos, alambrados y animales, y ahora se abre para ellos –casi un centenar de personas– un sombrío panorama de chicanas judiciales.
No es la primera vez que sucede. En varias otras provincias, desde hace por lo menos un par de años, familias de campesinos son notificadas abruptamente de inmediatos desalojos.
El modus operandi es más o menos el siguiente: amparados en figuras legales como la “restitución provisoria”, empresarios y abogados en general coludidos con policías o agentes judiciales corruptos inventan causas que desembocan en órdenes de desalojo en contra de familias que ocupan tierras desde hace décadas –en algunos casos cientos de años, generaciones enteras–, pero que sin embargo carecen de títulos de propiedad perfectos.
Esas familias, además, por ignorancia o lejanía tienen disminuida su capacidad de defensa, y muchas veces cuando se enteran de que van a ser desalojados ya es tarde para accionar. De manera que son obligados a perder lo único que tienen y que de hecho les pertenece: las tierras donde nacieron, vivieron y trabajaron todas sus vidas.
Hace un par de años esta página se ocupó del remate, en esa misma provincia, de un pueblo entero –San José del Boquerón y varios parajes vecinos– por orden judicial. Estuvieron involucrados más de 3.000 habitantes en casi 10.000 hectáreas de los que fueron bosques de quebrachos y ahora son tierras semidesérticas.
Aunque también hay agudos conflictos por la posesión de la tierra en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, Neuquén e incluso Córdoba, el drama santiagueño –según estimaciones del Movimiento Campesino de esa provincia (Mocase)– afecta a unas 16.000 familias cuyo problema central es la tenencia precaria de las tierras en que viven y trabajan desde siempre.
Originado a finales del siglo XIX, el conflicto jurídico se montó primero sobre la explotación irracional de la madera, y después sobre la tala indiscriminada que viene imponiendo la explotación intensiva de soja. Esto produjo, junto con el avasallamiento de costumbres y la degradación del monte, la llamativa abundancia de títulos de propiedad adquiridos de modos poco transparentes, que, sin embargo y corrupción mediante, permiten accionar contra los legítimos poseedores de tierras.
Y es que si bien la legislación siempre reconoció a los campesinos el derecho a la propiedad de las tierras habitadas durante 20 o más años, la trampa consistió en que los trámites administrativos para recibir los títulos definitivos tienen costos que exceden la capacidad económica de los pequeños productores, además de que no se les reconocen las mejoras que realizaron, como casas, cercos, caminos y represas. La tenencia precaria, sea de tierras fiscales o privadas, es uno de los principales problemas del campesinado argentino. En Formosa y en el Chaco la cuestión de las tierras también se las trae. El criminal desmonte que día a día y todos los días degrada nuestros bosques naturales, puede estallar en cualquier momento.
En la primera todavía resuena la entrega de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a una empresa de origen australiano, que el gobierno de Gildo Insfrán habría cedido al precio vil de 8 pesos la hectárea. Y en el Chaco, los bosques conocidos como El Impenetrable ocultan la “desaparición” legal de entre dos y tres millones de hectáreas, las cuales, según reiteradas denuncias, estarían en manos de corporaciones y sociedades no tan anónimas, si se confirmaran los nombres de políticos y empresarios que suelen escucharse en los mentideros locales.
La situación, que afloró durante recientes reclamos aborígenes, dista de esclarecerse y, en rigor de verdad, todas las informaciones que se conocen son contradictorias, confusas y, de hecho, nada transparentes. Mientras tanto la ciudadanía –urbana y campesina– reclama saber de una vez quién o quiénes autorizaron  las “ventas” de tanta tierra fiscal, y quiénes y cómo integraron las corporaciones “compradoras”.

Este artículo apareció en la revista Debate # 194, el 30 de noviembre de 2006.

Modificado : Noviembre 30th, 2006
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